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La nueva Ley de Rescate Económico de 2026 ha puesto sobre la mesa una promesa que el sector privado colombiano llevaba años esperando: la reducción sustancial del impuesto de renta corporativo. A primera vista, la propuesta del gobierno parece un salvavidas para la competitividad, pero al analizar los textos detalladamente, centros de pensamiento económico como ANIF han encendido las alarmas advirtiendo sobre una inminente “fatiga tributaria”.
Para los empresarios, emprendedores y gerentes financieros, la pregunta clave es: ¿realmente pagarán menos impuestos o el costo se está trasladando a otros rubros?
El “espejismo” de la reducción al 31%
El pilar de la propuesta gubernamental para el sector productivo es atractivo. Actualmente, Colombia tiene una de las tasas de tributación corporativa más altas de la región, fijada en un 35%. El proyecto de ley plantea reducirla gradualmente:
33% en 2027.
31% a partir de 2028.
En el papel, esto representa un alivio directo sobre las utilidades de las compañías. Sin embargo, la disminución de la tarifa de renta corporativa viene acompañada de nuevas cargas operativas que, en muchos casos, anulan por completo el beneficio de pagar menos renta.
La letra chica: El encarecimiento de la nómina calificada
Mientras el impuesto sobre las utilidades baja, los costos fijos sobre la nómina suben drásticamente. El proyecto propone que, a partir del 1 de enero de 2027, las empresas vuelvan a pagar aportes al SENA, ICBF y salud por aquellos trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos. Hoy en día, las compañías están exoneradas de estos pagos para empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos.
Bajo las nuevas reglas de la reforma tributaria, los costos laborales quedarían así:
Hasta 2 salarios mínimos: Sin aportes adicionales (exoneración actual).
Entre 2 y 3 salarios mínimos: Las empresas pagarán un 6% adicional sobre el salario (SENA 1%, ICBF 1%, Salud 4%).
Más de 3 salarios mínimos: El aporte sube al 13,5% del salario (SENA 2%, ICBF 3%, Salud 8,5%).
¿Cómo se traduce esto en pesos reales?Si tienes un trabajador calificado que gana $5.000.000 mensuales, tu empresa deberá pagar $300.000 adicionales cada mes ($3,6 millones al año). Por un empleado que devengue $10.000.000, el sobrecosto será de $1.350.000 mensuales ($16,2 millones anuales). Como lo ha señalado ANIF, mantener un empleado con ingresos de tres a cuatro salarios mínimos generará un sobrecosto mensual de entre $315.000 y $950.000.
Para las medianas empresas, agencias, firmas de tecnología y negocios que dependen de talento humano especializado, este rubro fijo pesará mucho más que el alivio variable del impuesto de renta, pues la nómina se paga gane o pierda dinero la empresa, mientras que la renta solo se tributa si hay utilidades.
El diagnóstico de ANIF y el riesgo del 54%
El Estado colombiano enfrenta un déficit proyectado de $144 billones para el cierre de 2026. Para tapar este hueco, el gobierno busca un ajuste fiscal cercano al 4,7% del PIB.
Al analizar de dónde saldrá ese dinero, ANIF expone una realidad que justifica el malestar empresarial. Según sus estimaciones:
El 35% del ajuste proviene de un esfuerzo del Estado por reducir el gasto público.
El 54% del ajuste recae en mayores contribuciones, principalmente a través de impuestos que golpean a las familias y las empresas.
ANIF advierte que este balance es muy difícil de conciliar con la “fatiga tributaria” que ya padecen los colombianos. Además de la nómina, el aumento generalizado del IVA a insumos agropecuarios, hoteleros y gastronómicos incrementará los costos de producción, lo que inevitablemente presionará la inflación y afectará las ventas.
¿Cuáles son las alternativas sobre la mesa?
Frente a este escenario, ANIF y otros gremios han puesto sobre la mesa una propuesta alternativa y pragmática: Pausar la reducción de la tarifa corporativa (manteniéndola en el 35%), siempre y cuando se eliminen los nuevos gravámenes sobre la nómina productiva y no se golpee el IVA de bienes intermedios. Para los analistas, proteger la generación de empleo formal en un momento de cambio tecnológico es mucho más conveniente que una rebaja nominal de la tarifa de renta.
Para compensar el dinero que no entraría, ANIF propone medidas estructurales mucho más profundas:
Venta de activos estatales: Enajenar la participación del Estado en empresas como ISA.
Austeridad real: Recortar el 10% de las plantas de personal en entidades como la Rama Judicial y los órganos de control.
Focalización: Gravar las pensiones altas y desmontar gradualmente el multimillonario subsidio al ACPM.
La Ley de Rescate Económico aún debe pasar los debates en el Congreso de la República, y el pulso entre el gobierno y los gremios definirá el futuro financiero de las empresas para la próxima década. ¿Debería el gobierno sacrificar la rebaja al 31% para no encarecer la contratación de profesionales en Colombia?
